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El Gobierno del Estado de manteles largos… ¡Estrena Secretarías! y desaparece otras…

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El pasado 6 de septiembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Este Decreto, incorpora parcialmente el lenguaje inclusivo, al menos ya refiere que la persona titular del ejecutivo será “Gobernador o Gobernadora”, aunque en el resto del instrumento, no observaron este mismo criterio.

Por otro lado, llama la atención que sus transitorios refieren su entrada en vigor a partir del 1 de septiembre, cuando fue publicada hasta el día 6, también lo firma supuestamente José Aarón Pérez Carro como Secretario de Gobierno, cuando en esa fecha ya no era Secretario, sino casi notario… pero en fin, peccata minuta.

Y bueno… retomando lo central, como ya es costumbre con cada cambio de administración y para no ser la excepción, la Gobernadora en turno tiene sus nuevas Secretarías y desapareció algunas otras. En consecuencia, es un hecho que habrá nuevos nombramientos.

Esta nueva Ley Orgánica, cuyo objeto medular es regular la actuación de la administración pública del estado, abrogó la Ley Orgánica anterior, estableciendo la entrada en funciones a partir de este mes de septiembre de las nuevas Secretarías de Finanzas, Infraestructura, Movilidad y Transporte, Medio Ambiente, Función Pública y de la Coordinación General de Planeación e Inversión.

Hasta el 2022 entrarán en funciones las Secretarías de Bienestar, Ordenamiento Territorial y Vivienda, Trabajo y Competitividad, Cultura y la Coordinación General de Comunicación, es decir, en estricto sentido no habrá en Tlaxcala dependencia facultada para atender los asuntos en dichas materias hasta el 2022.

Entre las novedades, la Secretaría de Gobierno (SEGOB) asume las atribuciones en materia de Seguridad Pública, desapareciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que creó Mena. A su vez, se le restan a la SEGOB las facultades en materia de trabajo y previsión social, para crearse a partir del 2022 la nueva Secretaría de Trabajo y Competitividad, que también tendrá a su cargo las funciones que actualmente ejercen el SEPUEDE y el ICATLAX.

¿Qué será de las y los Secretarios que se quedaron sin Secretaría? Pues hace algunos días se supo del nombramiento de Alfredo Álvarez Valenzuela como Secretario de Seguridad Ciudadana; y de Antonio Martínez Velázquez como titular del también desaparecido ITC, que será sustituido por la Secretaría de Cultura que entrará en funciones hasta el 2022.
Cabe señalar que el ITC era un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y esta nueva Ley solo abrogó a la Ley que le daba vida a dicha entidad, o sea desaparecieron repentinamente al ITC sin haber previsto nada respecto de los bienes muebles e inmuebles que eran de su propiedad ¿Qué pasará con ellos?.

En lo que hace a la difunta Secretaría de Planeación y Finanzas, que anteriormente tenía a su cargo la administración de la hacienda pública, el desarrollo social y la planeación estatal, esta dio lugar a la creación de 3 nuevas Secretarías: la de Finanzas, la de Bienestar (hasta el 2022) y la Coordinación General de Planeación e Inversión, aunque se dice que esta última sustituyó a la atinadamente desaparecida Secretaría de Políticas Públicas (SEPOL), cuyas atribuciones en realidad eran poco trascendentales.

También desaparece la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda, y se crean dos en su lugar: la Secretaría de Infraestructura y la de Ordenamiento Territorial y Vivienda, la primera ya en funciones y la segunda hasta el año entrante.

A lo que era la Contraloría del Ejecutivo se le elevó de categoría, pues con la nueva ley ya se le reconoce como dependencia convirtiéndose en la Secretaría de la Función Pública, lo cual me parece atinado considerando que tiene a su cargo lo relativo a las responsabilidades administrativas de todas las y los servidores públicos, aunque la nueva Ley no es clara con qué pasará con todos los procedimientos que tenía en curso la Contraloría, cuya falta de previsión indudablemente los pone en riesgo.

Señalo que se le elevó de categoría, puesto que anteriormente la Contraloría dependía del Ejecutivo del Estado, directamente del despacho del gobernador como es actualmente el caso de la Consejería Jurídica.

Las dependencias que permanecen sin cambios son la Oficialía Mayor, las Secretarías de Desarrollo Económico, Educación Pública, Salud, Fomento Agropecuario, Turismo y la Procuraduría General de Justicia.

Por otro lado, la que parece que será una de las dependencias clave en esta administración, cuya persona titular seguro será de toda la confianza de la Gobernadora, es la Coordinación General de Planeación e Inversión, pues dentro de sus atribuciones tiene la de fungir como coordinador de gabinete. Hasta el momento, parece que estará a cargo de quien fue nombrada como titular de la SEPOL, Jimena Lara Pérez.

Dentro de esta nueva Ley, vemos un incremento significativo en el número de dependencias, de 14 que preveía la abrogada Ley Orgánica ahora se tendrán 19, un incremento superior al 35%. Ahora, será importante observar si esto tiene un efecto positivo en la gestión pública, y no solamente se trate de un incremento burocrático que ralentice y entorpezca, pero reitero, habrá que dar un voto de confianza y entonces más adelante sabremos si esto en realidad tiene un efecto positivo que coadyuve con el desarrollo del estado o únicamente se trataba de crear mayores espacios con cargo al erario público para el pago de cuotas.

Fuera de ruta…
Este 7 de septiembre de 2021 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto después de analizar el Código Penal del Estado de Coahuila, en específico relativo a los artículos 195 y 196, los cuales señalan lo siguiente:
Artículo 195. “Comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo.”

Atículo 196. “Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella.”
Por fin se tiene un importante precedente y más allá de opinar sobre si es bueno o malo abortar, debe tenerse presente que quienes deciden hacerlo lo hacen, esté penalizado o no, sin embargo, el penalizarlo genera que las mujeres que decidan abortar lo hagan de manera clandestina y bajo condiciones que además ponen en riesgo su vida, por lo cual me parece favorable la despenalización y será pertinente que los 28 estados que no habían despenalizado el aborto, legislen en materia de salud para brindar la protección sanitaria de quienes decidan hacer uso de este derecho.

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