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Estos son los delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa

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Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá el futuro de la prisión preventiva oficiosa (PPO), en una sesión que requiere el voto de al menos ocho ministros para declarar inconstitucional esa medida cautelar.

En caso de que la Corte tome esa decisión, sus efectos no implicarán la liberación inmediata de quienes estén sujetos a esa modalidad de privación de la libertad, según el proyecto del ministro Luis María Aguilar.

La propuesta es anular la aplicación de la parte del artículo 19 de la Constitución que permite imponer la PPO en una veintena de delitos, que van desde el abuso sexual a menores hasta el atentado contra la seguridad de la nación.

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De acuerdo con el artículo 19 constitucional, el juez ordena la prisión preventiva oficiosamente en los siguientes casos:

-Abuso o violencia sexual contra menores

-Delincuencia organizada

-Homicidio doloso

-Feminicidio

-Violación

-Secuestro

-Trata de personas

-Robo de casa habitación

-Uso de programas sociales con fines electorales

-Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones

-Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades

-Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos

-Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares

-Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos

-Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

-Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud

En consecuencia, en ese caso quedarían inválidas fracciones del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, así como del 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que autorizan esa medida precautoria. Son dos acciones de inconstitucionalidad que el máximo tribunal discutirá, una de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otra de senadores de minoría.

Aún en el caso de que ese sea el sentido del acuerdo de la SCJN, los efectos del fallo no serán generales ni inmediatos.

“La procedencia de la prisión preventiva oficiosa corresponderá a los operadores jurídicos competentes decidir y resolver en cada caso concreto, sujeto a su conocimiento”, señala el proyecto de Aguilar.

Con información de: La Jornada Maya

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