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La «activista» víctima

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Apenas el 16 de febrero de este año, pobladores de diferentes municipios se manifestaron en respaldo de Marcos N. y sus hijos, en aquel momento acusaron a la directora del Centro de Justicia Para las Mujeres, Yeny Charrez Carlos, de tráfico de influencias.

Son varios los temas que la titular de la procuraduría del Estado de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán tiene que resolver, ayer mismo le explotó una bomba en sus manos, ya que ahora fue acusada por la ex responsable del Centro de Justicia para Mujeres (CJM) Yeny Charrez Carlos, por la no ejecución de recursos federales en defensa de las mujeres tlaxcaltecas.

En un vídeo transmitido por la red social de Facebook, Charrez Carlos exhibió los supuestos documentos que confirmarían que los subsidios federales no llegan a su destino, además de que puso en duda el trabajo de la Secretaría de la Función Pública y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por ser parciales en su actuar.

“Yo soy el ente receptor y doy conocimiento de la no ejecución de los recursos federales y esto tiene que llegar a la Auditoría Superior de la Federación, lo que buscábamos era que hubiera asesores victimales para las mujeres, trabajadores sociales y psicólogas, por todo el trabajo que tiene el Centro de Justicia”, afirmó.

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Este tema debe ser aclarado en su inmediatez, por la propia procuradora puesto que, en el Diario Oficial de la federación, del 17 de mayo del 2022, quedó asentado que los subsidios deben sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad, y temporalidad, para lo cual se deberá entre otros aspectos identificar con precisión la población objetivo y reportar su ejercicio en los informes trimestrales.

El mismo documento refiere que el Comité de Evaluación de Proyectos de la Conavim determinó viable el proyecto presentado, por lo que autorizó la cantidad de tres millones de pesos, exclusivamente para el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Tlaxcala.

Esta situación se notificó al gobierno del estado, mediante el oficio número CNPEVM/60-15/2022 de fecha 4 de marzo del 2022.

La importancia de aclarar esta situación es de vital, pues el objetivo del proyecto mencionado por Jeny Charrez, es atender a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos a través de un Centro de Justicia para las Mujeres con espacios adecuados que concentren y brinden servicios especializados, de atención psicológica, médica y jurídica que permita la convergencia de instancias gubernamentales.

La violencia de género va en ascenso y requiere soluciones tajantes para frenar este lastre que preocupa a la sociedad. No necesariamente con Charrez, pero esa tarea se debe cumplir.

No faltó el show mediático

Si bien es cierto que hay situaciones que la procuradora debe aclarar para que no existan suspicacias, en el caso de la renuncia-despido de Yeny Charrez no faltó el show mediático que se facilita en estos días a través de redes sociales. ¿Acaso no conocian al “personaje” que contrataban?

Hay situaciones que se deben arreglar por las vías legales, sin hacer drama al respecto; Yeny Charrez tuvo su momento al transmitir por más de tres horas a través de Facebook la entrega recepción del Centro de Justicia, y se pudo observar desde berrinches de la ex funcionaria, hasta gritos de reclamos porque supuestamente le revisaron cosas personales.

Que si el teléfono o si la impresora las dejó funcionando son cosas triviales, y luego ya despedirse de sus amigos y familiares, decir que varios le aconsejan se vaya del país, la verdad es una exageración. Su estilo es el mismo que le conocemos al “apoyar” las causas sociales de las mujeres que respaldó en su tiempo de “activista”.

Pero más allá de saber quién tiene la razón o quién miente, vale la pena preguntarnos cuál es el asunto de fondo. Si la “activista” fue invitada a abandonar el gabinete, o si el manejo del recurso fue el verdadero problema que generó la disputa. Al tiempo.

Esperan la sentencia

El ex alcalde perredista Efrén Hernández López inició una caminata desde la madrugada del pasado sábado desde Cuapiaxtla hasta la capital de Tlaxcala, lo anterior para insistir que se haga justicia por el asesinato de su hija, la cual en mayo del año pasado fue encontrada sin vida, con disparos de arma de fuego en el municipio de San Pablo Zitlaltepec.

Meses después un masculino fue detenido como presunto responsable, pero al momento no ha sido sentenciado, de ahí el reclamo del ex alcalde.

Cabe aclarar que, en este caso, la procuraduría de justicia ya cumplió su parte al detener al presunto responsable, las sentencias son resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso penal.

Y dentro del Procedimiento Penal, las sentencias las dictan los jueces y magistrados de Tribunales Unitarios o de las Salas de los Poderes Judiciales de las entidades.

Son los jueces los que le deben dar celeridad al caso y aplicar la justicia de forma correcto y acabar con teorías que nada aportan a la sociedad.

Por el bien de los familiares de la hija de Efrén Hernández y de todos los damnificados, actuales y pasados, más vale que la autoridad muestre celeridad en estos temas. La omisión también revictimiza.

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