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Ballesteros & Carro

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“No es lo mismo ser borracho que cantinero”, y esa frase le viene como anillo al dedo a dos de los funcionarios de esta administración: Guadalupe Ballesteros y Ernestina Carro.

Hoy que los índices delictivos se mantienen en un alto nivel, vale la pena preguntarnos ¿qué tan bien remunerados están nuestros elementos policiales?, ¿vale la pena arriesgar la vida por el salario que se tiene?, ¿cuentan con los aditamentos necesarios para desempeñar su encargo?

Si no sometemos nuestra crítica a una revisión profunda e incluso historica de las exigencias de esos policias que diariamente criticamos, entonces no merecemos más que indiferencia a nuestros reclamos. Reciprocidad pura.

Menciono esto solo para recordarnos que, el día que nuestros policias necesitaron de nuestra empatia y apoyo, nadie o casi nadie reaccionó, al menos no a su favor.

Eso ocurrió la madrugada del pasado 24 de junio del 2011 cuando ochenta y ocho agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) que acampaban en el centro de esta ciudad en demanda de alza salarial y prestaciones fueron golpeados. Otros más fueron desalojados de su edificio a punta de pistola.

Al menos trescientos elementos de la Policía Federal (PF) se encargaron de la detención de los policías estatales inconformes que, el lunes previo a su golpiza iniciaron un plantón para exigir al gobierno del priísta Mariano González Zarur un incremento salarial de 15 por ciento, ampliación de 40 a 90 días de aguinaldo, dos periodos vacacionales para la Policía Industrial Bancaria y crear un sindicato de la corporación.

Es cierto que la detención y golpiza ocurrió entre la 1 y 2 de la madrugada, sin embargo en los días posteriores a este acto de presión contra los elementos responsables de la seguridad de los tlaxcaltecas pocos dijeron algo. El miedo fue corresponsable.

Entre los policías detenidos esa noche se encontraba, como integrante de la Comisión de Diálogo Policial con el gobierno del estado, José Guadalupe Ballesteros Arellano, hoy funcionario estatal.

Él junto con Isaac Flores Pérez, Arturo Zempoalteca Meneses, Antonio Cervantes Hernández y Raúl Cortés León contaban con órdenes de arresto, y se las hicieron efectivas.

El entonces secretario de Gobierno, Noé Rodríguez Roldan, junto con la entonces procuradora, Alicia Fragoso Sánchez, dieron su propia versión. Ella incluso se atrevió a decir respecto del operativo: “un trabajo quirúrgico; no tuvimos incidentes, no hubo lesionados, fue un operativo sorpresa”.

La autonombrada “dama de hierro” quizá entendía diferente el concepto de “quirurgica”, porque la golpiza y la detención no correspondía con su declaración. Acusarlos del robo de armas no fue algo secundario, mucho menos cuando esas fueron sustraidas por los propios federales contratados por el gobierno estatal.

Por eso creo que vale la pena hacer este recuento, porque ante aquella mujer, ante la auto calificada “dama de hierro” pocos se oponían y quien se atrevió a hacerlo fue justamente una juez que en el 2015 se negó a acatar las ordenes que eran enviadas desde Palacio de Gobierno, pero ejecutadas desde la PGJE. Su nombre era Ernestina Carro Roldan.

La orden era sencilla, meter a la carcel a ciertos elementos de la Policía Estatal Acreditable (PEA), y así se hizo, aquella noche del 21 de enero del 2015 un grupo de elementos de esta corporación fueron acusados por el delito de secuestro expres y otras agravantes. Más tarde al menos dos de esas imputaciones fueron desechadas por los jueces.

Pero no todo fue tan sencillo, en este lapso los acusados pisaron la carcel, sus familias vivian con miedo y vivian de lo que sus familias o sus ahorros les permitían. Nadie les tendió la mano, finalmente eran cercanos de unos “delincuentes confesos”.

Pero sucedió algo, la justicia se hizo presente luego de un peritaje solicitado por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)–Derechos Humanos. De este se desprendió un hecho que enfureció pero dejó sin elementos a Alicia Fragoso.

La policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recurrió a toques eléctricos, golpes, cortadas en las muñecas y métodos de asfixia para tratar de inculpar en un caso de secuestro exprés a Juan Carlos Yáñez Osornio, ex delegado de la Policía Estatal Acreditable (PEA), quien fue detenido la noche del 21 de enero de 2015 en Apetatitlán, junto con otros elementos

El informe de la ONU era contundente y puso a Mariano González Zarur en el ojo público del país, sin embargo ningún fruncionario fue castigado, nadie pagó los platos rotos. De poco sirvió que el informe de la ONU fuera elaborado conforme al Protocolo de Estambul.

Al momento de su captura, Yáñez Osornio tenía bajo su encargo la delegación de la Policía Estatal de Tlaxcala en el municipio de Apizaco y acababa de atender un intento de linchamiento. Era imposible que el presunto secuestrador se encontrara en dos lugares a la vez.

En total fueron siete elementos -y mismo número de familias- las que resultaron afectadas con el actuar de Alicia Fragoso Sánchez. De nada les sirvió alegar ser víctimas de tortura desde su primera comparecencia ante un juez penal de Tlaxcala.

Y sin embargo de este episodio negro para Tlaxcala, Carro Roldan puede presumir de haber sido la mujer que se opuso, se negó tajantemente a ser parte de esta mal estructurada historia, probablemente eso le haya merecido ser la actual Procuradora General de Justicia del Estado.

Ahora tanto Ballesteros como Carro deben demostrar que, esas experiencias negativas han formado a servidores públicos que se encargaran de velar por la seguridad de los tlaxcaltecas, hacer lo contario cambiaría su historia de manera negativa.

Contáctame en innombrablemx@gmail.com y también en noticias@martinrodriguezhernandez.com

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